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Las principales cúpulas empresariales de Venezuela, integradas por Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, presentaron una propuesta formal ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para diseñar una nueva arquitectura tributaria nacional. El planteamiento fue entregado directamente al superintendente del organismo fiscal, Román Maniglia, con el objetivo de transformar el régimen fiscal vigente en un modelo menos punitivo y más inductivo hacia el crecimiento productivo. Esta iniciativa surge en un contexto donde el país enfrenta la necesidad prioritaria de reconstruir las zonas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio y atraer nuevas inversiones.
De acuerdo con los datos presentados por José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, el sistema impositivo actual está diseñado para una economía petrolera monoproductora, lo que asfixia a los sectores no petroleros. En cifras gremiales, la carga fiscal total en Venezuela representa actualmente entre el 57% y el 61% de la capacidad operativa de los negocios formalizados, una cifra que casi duplica el promedio de Sudamérica, el cual oscila entre el 30% y el 35%. Esta presión tributaria genera que solo entre el 36% y el 40% de las actividades económicas paguen impuestos, impulsando los índices de informalidad comercial hasta un 60%.
La propuesta del sector privado contempla medidas administrativas urgentes para aliviar el flujo de caja de las empresas y ampliar la base de contribuyentes. Entre las principales peticiones destaca la eliminación definitiva del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y la extensión del plazo de declaración y pago del IVA de 15 a 30 días. Asimismo, los gremios solicitan reducir las retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR) del 75% actual a un rango de entre el 25% y 50%, además de armonizar los tributos municipales para evitar cobros excesivos que paralicen las operaciones locales.
