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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz dictó una orden de captura contra el exmandatario por presuntamente alentar la reciente ola de protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron al país andino por más de 50 días.
No es la primera vez que la justicia boliviana ordena la aprehensión de Morales. El exgobernante izquierdista, que estuvo al frente del país entre 2006 y 2019, ha rechazado las acusaciones y denuncia que son parte de una “persecución política” impulsada por el actual gobierno del derechista Rodrigo Paz.
La Fiscalía boliviana señala a Morales por la presunta comisión de seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Morales, por su parte, justificó las acciones de protesta impulsadas en rechazo contra las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Paz, así como contra la inflación y la escasez de combustible.
Las protestas registradas entre mayo y junio no solo provocaron un agudo desabastecimiento de medicinas, combustible y alimentos en ciudades como La Paz y El Alto, sino además dejaron 22 muertos, 88 heridos y 573 arrestados, según un informe que la Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó a principios de julio.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los decesos (11) ocurrieron en accidentes de tránsito registrados cuando las víctimas intentaban superar los bloqueos; tres se produjeron en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas policiales y militares, y otros tres fallecieron mientras intentaban llegar a hospitales.
