
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, oficializó la declaración de estado de emergencia nacional en todo el territorio a través del Decreto Supremo 5759, expedido con el objetivo de contener los devastadores impactos climáticos del fenómeno meteorológico El Niño.
La normativa extraordinaria faculta al Ejecutivo a movilizar recursos económicos y contingentes humanos de manera prioritaria, fortalecer la capacidad operativa de los equipos de rescate e intensificar la coordinación con los gobiernos subnacionales e instancias de cooperación internacional ante el riesgo inminente de sequías prolongadas e inundaciones severas.
De acuerdo con el balance presentado por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, la escasez crítica de agua golpea con dureza a 114.048 familias distribuidas en 63 municipios de seis de los nueve departamentos del país.
La crisis hídrica afecta de forma directa el consumo básico de más de 78.000 familias y ha devastado los medios de subsistencia y la producción agrícola de cerca de 36.000 hogares en áreas rurales, lo que obligó al Gobierno central a activar planes de distribución de agua y asistencia humanitaria urgente para proteger el aparato agroproductivo nacional.
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