Presidente de Estados Unidos, Donald Trump crea la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar el desarrollo de la IA en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” (Super Intelligence Force o SIF), un comité especial dependiente de la Casa Blanca estructurado para liderar y coordinar la estrategia federal en torno al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El comité rinde cuentas de manera directa a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles. El grupo está encabezado por Jay Clayton (director de Inteligencia Nacional y designado como el “zar de la IA”), junto con Andrew Ferguson (presidente de la Comisión Federal de Comercio), Emil Michael (subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería) y Scott Kupor (director de la Oficina de Administración de Personal). 

La unidad tiene un plazo de 120 días para presentar un informe completo que evalúe los riesgos, oportunidades y capacidades de la automatización avanzada, buscando mantener el liderazgo estadounidense frente a competidores globales como China. Coordinará la relación del Gobierno con empresas del ramo, consumidores, infraestructura crítica y organizaciones civiles. 

Esta creación se alinea con una orden ejecutiva firmada días atrás por Trump, la cual prohíbe el uso formal del término “inteligencia artificial” en las comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo. En su lugar, se impuso el uso obligatorio de “Superinteligencia” (SI), bajo el argumento de que la palabra “artificial” restaba legitimidad a la trascendencia de la tecnología y la hacía parecer “falsa”. 

El anuncio llega justo después de que el mandatario se reuniera en la Casa Blanca con los directores ejecutivos de los seis gigantes tecnológicos del sector: OpenAI, Google, Anthropic, Meta, Nvidia y xAI (recientemente renombrada como SpaceXSI por Elon Musk tras la orden). Las firmas suscribieron el “Acuerdo de la Casa Blanca sobre Superinteligencia”, un pacto moralmente vinculante de autorregulación que contempla auditorías externas, evaluaciones de riesgos y controles internos de ciberseguridad, evitando por el momento la imposición de leyes o marcos regulatorios estrictos por parte del Estado.