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Empresarios tachirenses instalarán cámaras de seguridad en sus comercios tras repunte de hurtos

La Cámara de Comercio e Industria del Estado Táchira acordó junto a la policía regional (Politáchira) implementar un inédito plan de videovigilancia privada conectado a las autoridades, motivado por un alarmante repunte de hurtos y robos a establecimientos comerciales.

El acuerdo, calificado como el primero de su tipo a nivel nacional, fue formalizado por el presidente del gremio empresarial, Yionnel Contreras, y el director de Politáchira, el comisario general Jeffrey Rodríguez:

  • Diagnóstico territorial: Se auditarán y reactivarán los sistemas de cámaras ya existentes en los frentes y fachadas de empresas e industrias. 
  • Adecuación tecnológica: Los comerciantes que no posean equipos o requieran actualizar sus sistemas instalarán nuevos dispositivos de seguridad privada.
  • Uso preventivo y judicial: Las imágenes grabadas servirán como herramienta clave para la prevención en tiempo real y la investigación penal de delitos. 

El despliegue gremial responde a múltiples denuncias de delincuencia reportadas durante las últimas semanas de agosto en San Cristóbal: 

  • Foco delictivo: Sectores comerciales de alta actividad como Barrio Obrero, Las Acacias, La Ermita y la avenida Libertador registraron robos continuos. 
  • Vulnerabilidad nocturna: La mayoría de los ingresos forzados a locales —incluyendo ventas de víveres, locales de tecnología y talleres— ocurren durante la madrugada. 
  • Restricción a motorizados: En centros comerciales y tiendas de zonas como Barrio Obrero, los empresarios redoblaron el uso de cercos eléctricos, cerraduras magnéticas y la prohibición estricta de ingresar portando cascos de moto. 

Pese a las quejas por las fallas operativas locales, el gobernador de la entidad, Freddy Bernal, afirmó que el rastreo tecnológico en la capital andina permitió identificar y capturar a varios delincuentes en tiempo récord. El monitoreo de redes y las cámaras de los comercios afectados fueron determinantes para procesar judicialmente a los implicados a través del Ministerio Público. 

Como complemento al esfuerzo privado, la Gobernación y la Alcaldía de San Cristóbal mantienen el despliegue de 64 cámaras de seguridad públicas en avenidas estratégicas y el reforzamiento de los Cuadrantes de Paz.