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Estados Unidos impuso sanciones financieras y restricciones de visado contra la jueza japonesa Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), y contra el fiscal superior senegalés Abdoulaye Seye.
El anuncio, emitido este martes 18 de agosto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, implica la congelación de todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición absoluta a entidades financieras de realizar transacciones comerciales con ellos.
La medida forma parte de una política del presidente Donald Trump para desmantelar de forma sistemática el tribunal con sede en La Haya. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, justificó las sanciones señalando que la corte actúa como un ente corrupto y politizado que agrede la soberanía nacional al investigar o emitir órdenes de captura contra tropas de su país y de aliados estratégicos como Israel.
Washington además sancionó a los magistrados Gocha Lordkipanidze de Georgia y Erdenebalsuren Damdinde Mongolia tras desestimar una apelación israelí vinculada a presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza.
En respuesta a las restricciones, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un comunicado oficial en el que rechazó las presiones de la Casa Blanca y advirtió que estas acciones socavan directamente el Estado de derecho y arriesgan el orden legal global.
