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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga de Dinamarca, Mette Frederiksen, publicaron una declaración conjunta en la que rechazan firmemente la «inmigración descontrolada» hacia el continente europeo y exigen la aplicación inmediata de medidas drásticas y coordinadas.
En el documento oficial emitido por ambas jefas de Gobierno, las mandatarias vinculan de manera directa el flujo migratorio irregular con un repunte en los índices de delincuencia, tráfico de drogas y violencia sexual en las sociedades de acogida.
Ante este panorama, el texto enfatiza que la ciudadanía europea espera acciones políticas concretas para frenar la erosión de la confianza pública y aliviar la presión insostenible que actualmente soportan los servicios públicos esenciales en los distintos Estados miembros de la Unión Europea (UE).
El posicionamiento de Roma y Copenhague se produce en un marco de alta tensión diplomática en el bloque comunitario, acentuado críticamente tras la crisis migratoria en la ciudad española de Ceuta, donde se reportó el ingreso irregular de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos.
El incidente motivó a la administración de Meloni a suspender temporalmente a España de los beneficios de libre circulación del acuerdo Schengen, provocando controles de identidad y demoras en puertos y aeropuertos que fueron respondidos de manera recíproca por las autoridades de Madrid.
En su comunicado conjunto, las dos mandatarias europeas reivindican haber modificado el equilibrio en la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos para agilizar los procesos legales de expulsión contra ciudadanos extranjeros que cometan faltas de gravedad dentro del territorio de la Unión.
Como eje central de su propuesta para contener la crisis transfronteriza, Meloni y Frederiksen reclamaron con urgencia la creación de centros de repatriación y deportación en terceros países, así como la adopción de soluciones logísticas innovadoras fuera de las fronteras de Europa.
Ambas dirigentes señalaron que trabajan activamente en este esquema de externalización, tomando como referencia inicial la experiencia previa de los centros de internamiento promovidos por Italia en Albania y los planes de asilo en Ruanda evaluados por el gobierno danés.
Finalmente, las líderes manifestaron su orgullo por proteger el patrimonio cultural cristiano de Europa, advirtiendo de forma categórica que los millones de extranjeros que decidan hacer del continente su hogar deben integrarse de manera obligatoria bajo el respeto irrestricto a las leyes locales y los valores occidentales comunes.
