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El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha planteado la necesidad de crear una Comisión Nacional Independiente y de Alta Calificación Profesional, con el propósito urgente de revisar y actualizar los marcos regulatorios técnicos vigentes en materia de estructuras sismorresistentes dentro del territorio nacional.
Esta propuesta gremial se formalizó a través de la firma del manifiesto público titulado “Preservar la evidencia hoy es proteger la vida mañana”, un documento de consenso técnico suscrito de forma conjunta por la Cámara Venezolana de la Construcción, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, y las principales escuelas de ingeniería de las universidades del país.
El objetivo primordial de este comité de expertos independientes radicará en ejecutar auditorías forenses estructurales y evaluar de manera minuciosa el comportamiento físico de los materiales ante ondas de gran magnitud, sentando las bases científicas para modernizar los códigos de edificación que regulan los nuevos proyectos urbanísticos e industriales.
La urgencia detrás de esta iniciativa jurídica y constructiva responde al devastador impacto del doble terremoto registrado el pasado 24 de junio, un evento sísmico crítico cuyas magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter provocaron el colapso y agrietamiento severo de miles de edificaciones residenciales y comerciales en la costa central y la Región Capital.
Los ingenieros y peritos firmantes del documento manifestaron una profunda preocupación ante la toma de decisiones apresuradas por parte de diversas autoridades locales, instando a detener de forma inmediata cualquier demolición de inmuebles afectados que no cuente con una inspección técnica rigurosa previa y un aval de habitabilidad detallado.
Para los especialistas del CIV, es indispensable resguardar e inventariar los vestigios de las fallas mecánicas en el concreto y el acero, ya que estos datos empíricos de campo representan la evidencia científica más valiosa para comprender las vulnerabilidades reales del parque arquitectónico nacional.
Esta propuesta de actualización adquiere un peso institucional crucial si se considera que la última revisión formal de la normativa técnica sismorresistente en el país data del año 2019, quedando desactualizada frente a los nuevos estándares internacionales y los niveles de aceleración del terreno observados en las recientes contingencias.
El costo económico y social del desastre ha encendido las alarmas de los organismos multilaterales, destacando las evaluaciones del Banco Mundial que cuantifican provisionalmente los daños materiales directos en infraestructuras y servicios públicos en unos 19.600 millones de dólares.
A través del establecimiento de esta comisión independiente, el sector de la ingeniería civil venezolana busca no solo canalizar de manera transparente los fondos de reconstrucción que se gestionen a mediano plazo, sino blindar normativamente el futuro desarrollo urbano del país para mitigar la pérdida de vidas ante eventuales siniestros geológicos.
