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El Poder Legislativo nacional ha aprobado, de manera unánime, la Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles Destinados a Vivienda, sancionada en una sesión extraordinaria tras la contingencia del doble terremoto que afectó al país.
Esta legislación, que consta de 27 artículos, surge con el objetivo inmediato de reactivar el mercado inmobiliario formal y dar respuesta a la crisis habitacional provocada por el doble terremoto del 24 de junio, el cual dejó a casi 18.000 personas damnificadas.
Este instrumento jurídico, pasa ahora a manos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su promulgación definitiva.
Entre las novedades de la normativa destaca el establecimiento de la libertad de contratación, lo que permitirá a propietarios e inquilinos acordar el canon de arrendamiento y las modalidades de pago bajo mutuo consentimiento.
Asimismo, se fija un tope máximo de tres meses para los depósitos de garantía, prohibiendo expresamente la exigencia de pagos adelantados por un año entero. Con el fin de resguardar la vida humana, queda terminantemente prohibido el alquiler de casas o apartamentos en zonas declaradas de alto riesgo geográfico.
Sin embargo, las autoridades legislativas han aclarado que esta ley no tiene carácter retroactivo.
Su aplicación regirá exclusivamente para los contratos que se firmen a partir de su entrada en vigencia, dejando fuera las relaciones de arrendamiento preexistentes y los inmuebles destinados a fines comerciales o turísticos
Para ofrecer seguridad jurídica al sector privado, la ley introduce mecanismos rápidos de resolución de conflictos a través de arbitrajes, mediaciones previas y la actuación de tribunales municipales, desplazando formalmente la intervención de la Sunavi.
Adicionalmente, la Disposición Transitoria Única exime a los nuevos contratos de las limitaciones de la anterior Ley contra el Desalojo Arbitrario.
A partir de ahora, el arrendador podrá exigir la rescisión inmediata del contrato ante faltas graves como el impago consecutivo de dos mensualidades, el subarrendamiento no autorizado, o daños estructurales causados a la propiedad
Con el respaldo del sector financiero público y privado, se contempla además la incorporación de pólizas de seguros habitacionales con cobertura sísmica indexada, buscando proteger el patrimonio de los propietarios ante futuras eventualidades de la naturaleza.
El parlamento nacional proyecta que esta reforma dinamizará la oferta de viviendas vacías en el mercado para absorber la demanda de las familias damnificadas.
La norma pretende incentivar a los propietarios a colocar sus viviendas vacías en oferta para absorber la alta demanda de arriendos, complementando los planes del Ejecutivo nacional que contemplan construir 1.875 nuevas soluciones habitacionales y entregar 4.000 viviendas adicionales antes de finalizar el año
