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La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia número 327, mediante la cual ordena de forma inmediata el reinicio de las actividades operativas y administrativas de la empresa estadounidense Servicios Halliburton de Venezuela, S.A. en todos los campos petroleros del territorio nacional.
La decisión judicial estipula el cese de cualquier medida restrictiva previa y la restitución total de los bienes muebles e inmuebles indispensables para la ejecución de sus contratos de servicios especializados en la faja petrolífera.
El dictamen fue emitido bajo la ponencia del magistrado Alfonso Alvarado durante la sesión plenaria de esta semana en Caracas.
La reactivación forzosa de estas operaciones responde a la necesidad del Estado de garantizar la continuidad de la producción de crudo y salvaguardar los puestos de trabajo de cientos de técnicos e ingenieros venezolanos que dependen directamente de la firma trasnacional.
El TSJ argumentó que la paralización de estos servicios técnicos de perforación y completación afectaba directamente el interés público y la estabilidad energética nacional.
La sentencia incluye la designación de un veedor judicial especial para monitorear el cumplimiento del cronograma de trabajo y la seguridad de las instalaciones industriales.
Representantes del cuerpo legal del Tribunal Supremo de Justicia precisaron en la lectura del dictamen: “Se ordena la entrega inmediata de todos los taladros, equipos de computación y activos embargados a la firma estadounidense Halliburton para que reanuden sus servicios especializados, garantizando el principio de seguridad jurídica indispensable para el desarrollo de la industria petrolera nacional”.
