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El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la detención de Lula Da Silva

El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la detención de Lula Da Silva
El Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó la detención de Lula Da Silva

 

Con seis votos en contra y cinco a favor, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil negó este miércoles el “habeas corpus” solicitado por el exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría generar la posible detención en las próximas horas del expresidente.

Da Silva, de 72 años, fue condenado por presunto “soborno” al sostener que el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) recibiera un apartamento como medio de pago por parte de la Constructora OAS. Por esta acusación, enfrentaría una condena de 12 años y un mes de prisión.

El debate, que duró aproximadamente 12 horas, tenía como fin determinar la legalidad o no del arresto del exmandatario brasileño, favorito en las encuestas para conquistar la presidencia en los próximos comicios que se llevarán a cabo en octubre.

Los cinco jueces que votaron a favor de la solicitud de Lula Da Silva alegaron que la decisión de mantener la libertad o no del expresidente la debe tomar el Tribunal Superior de Justicia, para así agotar todos los recursos que establecen las leyes de la nación suramericana.

Por su parte, los seis jueces que votaron en contra alegaron que era necesario “mantener la coherencia” de lo acordado en 2016, cuando el SFT declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso del exmandatario, refiere medios internacionales.

A pesar de esta votación, la decisión final la tendrá el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, corte que en julio pasado amplío la condena de nueve años y seis meses de prisión a 12 años y un mes de cárcel, informó AVN.

Con esta decisión, el Tribunal Electoral de Brasil inhabilitará al exmandatario para ser candidato a los comicios presidenciales, debido a que, según la leyes de la nación, ninguna persona condenada en segunda instancia (como lo es el caso de Da Silva), puede optar por cargos de elección popular.