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En el portal web del Poder Judicial la Sala Político Administrativa tomó la decisión de retirar la inhabilitación por considerar que por parte de la Contraloría General de la República exitió una flagrante violación a los derechos del debido proceso y a la defensa.
El dirigente político fue inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en agosto de 2014 y había sido establecida por siete años y seis meses.
El 13 de agosto de 2015, Nei Molero, abogado de Rosales, solicitó anular la inhabilitación toda vez que su cliente no fue notificado del procedimiento administrativo. Esa demanda de nulidad con amparo cautelar fue resuelta este lunes, 30 de octubre.
Los magistrados otorgaron la razón a Rosales al constatar que el dirigente político se encontraba en la República de Perú en condición de asilado político para el momento en que la Contraloría General de la República dictó el acto de inhabilitación.
