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Las autoridades judiciales y gubernamentales del estado Lara informaron que durante 2026 se han procesado más de 300 denuncias por delitos ambientales, algunas de las cuales han derivado en detenciones y sanciones administrativas contra personas señaladas por ocasionar daños en zonas protegidas de la entidad.
Los operativos de fiscalización se concentran principalmente en los municipios Iribarren, Torres y Andrés Eloy Blanco.
Las comisiones buscan frenar prácticas como la tala ilegal, las quemas y la extracción no autorizada de recursos naturales.
Por su parte, Luis Jonás Reyes, director del despacho de la gobernación de Lara, advirtió que la eliminación de la capa vegetal afecta las cabeceras de los ríos, la vialidad y a las comunidades cercanas.
Ante esta situación, las autoridades también activaron jornadas de reforestación para recuperar las áreas afectadas y contrarrestar el impacto de estas actividades.