La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, calificó de “muy tristes” los resultados obtenidos por el país en la última prueba internacional PISA, señalando que la nación sufrió un retroceso educativo de una década. Durante la presentación del nuevo Plan Nacional de Educación 2026-2031, la mandataria lamentó el descenso en el rendimiento de los estudiantes peruanos de 15 años frente a las evaluaciones previas, situándose muy por debajo de la media global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Los datos de la evaluación PISA en Perú evidencian dificultades críticas en las áreas fundamentales del aprendizaje:
- Comprensión lectora: Sufrió el desplome más severo al caer a 390 puntos (18 puntos menos que en 2022). El 58 % de los escolares no alcanzó el umbral mínimo esperado.
- Matemáticas: El país promedió 382 puntos (una baja de 9 puntos). Siete de cada diez estudiantes (70 %) quedaron por debajo del nivel básico de competencia.
- Ciencias: Registró un estancamiento con 406 puntos. El 53 % de los alumnos evaluados no logró alcanzar el nivel de rendimiento mínimo.
Para revertir los indicadores y cerrar las brechas estructurales, la jefa de Estado detalló una serie de acciones inmediatas junto al Ministro de Educación, José Antonio Chang:
- Infraestructura: Proyección para construir 2,000 colegios nuevos a razón de 500 instituciones por año, además de remodelar y modernizar otros 3,000 planteles mediante inversión mixta. [1]
- Evaluación docente: Se reinstaurará la evaluación obligatoria de desempeño para los maestros, quienes deberán obtener una nota mínima de 14 puntos, acompañada de programas previos de capacitación profesional.
- Lectura diaria: Emisión de un decreto supremo para establecer una hora al día de lectura obligatoria
en todas las escuelas del país.
- Corresponsabilidad familiar: Distribución de una guía educativa de familia para fomentar la participación activa de los padres y tutores en las tareas formativas del hogar.
El Ejecutivo atribuyó parte de la vulnerabilidad del sistema a la inestabilidad de las políticas sectoriales previas y a deficiencias históricas de saneamiento físico-legal, ya que solo el 30 % de los planteles públicoscuenta actualmente con todos los servicios básicos integrales.