El Gobierno de Perú declaró este viernes en emergencia Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao por 60 días “para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia”, una medida que ya estaba vigente desde 2024 y se ha ido ampliando progresivamente.
A través de un decreto supremo, el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori hizo oficial esta disposición que implica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantenga el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Aunque en las calles los ciudadanos apenas notarán cambios, la PNP determinará las zonas de intervención, esencialmente sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
El estado de emergencia conlleva la suspensión o restricción de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.