
La Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas reportó un importante incremento en la demanda de viviendas y quintas hacia el sureste de la capital, impulsado principalmente por un cambio estructural y psicológico en las preferencias de los compradores tras los sismos del pasado 24 de junio.
De acuerdo con las declaraciones del presidente del gremio, Fernando Di Gerónimo, el mercado residencial de Caracas experimenta una notable reconfiguración en sus zonas comerciales:
- Migración geográfica: La búsqueda de inmuebles en la zona norte de Caracas se debilitó significativamente a raíz de los daños estructurales ocurridos en zonas aledañas como La Guaira. Por el contrario, el sureste se consolidó como el destino prioritario para reubicaciones.
- Preferencia por estructuras bajas: Los compradores evitan los edificios de gran altura y priorizan exclusivamente casas unifamiliares o apartamentos ubicados en pisos bajos.
- Resistencia estructural comprobada: Las propiedades cotizadas suelen ser quintas construidas hace 60 o 70 años. A pesar de requerir remodelaciones, los compradores las perciben como inversiones seguras debido a que superaron con éxito los dos terremotos más grandes de la historia contemporánea de la ciudad (1967 y 2026).
- Impacto en los precios: El aumento súbito de interesados empezó a elevar el valor de las viviendas tradicionales en urbanizaciones icónicas del sureste. Como ejemplo sectorial, Di Gerónimo citó que una casa promedio en sectores como Prados del Este ahora “cuesta un poquito más” respecto a su valor previo a la emergencia sísmica.
Más allá de la dinámica comercial privada, la Cámara Inmobiliaria Metropolitana informó que se encuentra coordinando esfuerzos institucionales para ubicar y listar inmuebles disponibles para la venta. El objetivo central de este inventario es facilitar opciones de vivienda estables y seguras a las familias damnificadas que perdieron la totalidad de sus hogares durante los terremotos.
Esta búsqueda prioritaria de seguridad residencial coincide además con el debate legislativo y sectorial actual para reformar la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, buscando reactivar la confianza tanto de propietarios como de inquilinos en el país.
