La industria de la construcción en Venezuela valora positivamente las reformas legislativasimplementadas para dinamizar el sector y ofrecer mayores garantías de inversión. El principal catalizador de este optimismo es la aprobación de la nueva Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado viernes 21 de agosto de 2026.
Este nuevo marco legal sustituye a la antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Busca equilibrar las condiciones entre las empresas promotoras y los compradores de inmuebles.
El instrumento jurídico cuenta con 40 artículos diseñados para destrabar el financiamiento y agilizar proyectos:
- Garantías para promotores: Protege y estimula de forma directa a los constructores, desarrolladores e inversionistas privados dedicados al ramo habitacional.
- Mecanismos de fideicomiso: Establece un sistema de resguardo financiero para los fondos de preventa. El dinero solo se libera una vez que la obra cuente con la permisología correspondiente, reduciendo los riesgos de paralización.
- Registro Único Nacional: Crea el Registro Único Nacional de Proyectos Inmobiliarios, obligando a inscribir todas las obras civiles de este sector para centralizar datos y brindar transparencia jurídica.
- Simplificación y servicios: Las constructoras deben consignar ante las alcaldías los estudios de suelo, impacto ambiental, vialidad y disponibilidad de servicios públicos (agua, luz, telecomunicaciones) antes de iniciar las obras, incorporando estos costos de forma transparente al precio final del inmueble.
A pesar de recibir con agrado este avance habitacional, los voceros de las cámaras regionales siguen proponiendo ajustes adicionales para apuntalar una reactivación total:
Exoneraciones tributarias: El gremio nacional ha sugerido la necesidad de alivios fiscales temporales y la exoneración de aranceles de importación para materiales estratégicos de construcción. Esto ayudaría a acelerar los planes de reconstrucción civil tras los eventos sismológicos de este año. La industria de la construcción en Venezuela valora positivamente las reformas legislativasimplementadas para dinamizar el sector y ofrecer mayores garantías de inversión. El principal catalizador de este optimismo es la aprobación de la nueva Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas, sancionada por la Asamblea Nacional el pasado viernes 21 de agosto de 2026.
Apertura al sector petrolero: Representantes regionales de la Cámara de la Construcción han solicitado extender las reformas hacia el marco legal de hidrocarburos. Esto tiene como fin facilitar que el capital privado nacional e internacional asuma obras de infraestructura pesada y refinación.
Este nuevo marco legal sustituye a la antigua Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Busca equilibrar las condiciones entre las empresas promotoras y los compradores de inmuebles.
El instrumento jurídico cuenta con 40 artículos diseñados para destrabar el financiamiento y agilizar proyectos:
- Garantías para promotores: Protege y estimula de forma directa a los constructores, desarrolladores e inversionistas privados dedicados al ramo habitacional.
- Mecanismos de fideicomiso: Establece un sistema de resguardo financiero para los fondos de preventa. El dinero solo se libera una vez que la obra cuente con la permisología correspondiente, reduciendo los riesgos de paralización.
- Registro Único Nacional: Crea el Registro Único Nacional de Proyectos Inmobiliarios, obligando a inscribir todas las obras civiles de este sector para centralizar datos y brindar transparencia jurídica.
- Simplificación y servicios: Las constructoras deben consignar ante las alcaldías los estudios de suelo, impacto ambiental, vialidad y disponibilidad de servicios públicos (agua, luz, telecomunicaciones) antes de iniciar las obras, incorporando estos costos de forma transparente al precio final del inmueble.
A pesar de recibir con agrado este avance habitacional, los voceros de las cámaras regionales siguen proponiendo ajustes adicionales para apuntalar una reactivación total:
- Apertura al sector petrolero: Representantes regionales de la Cámara de la Construcción han solicitado extender las reformas hacia el marco legal de hidrocarburos. Esto tiene como fin facilitar que el capital privado nacional e internacional asuma obras de infraestructura pesada y refinación.
- Exoneraciones tributarias: El gremio nacional ha sugerido la necesidad de alivios fiscales temporales y la exoneración de aranceles de importación para materiales estratégicos de construcción. Esto ayudaría a acelerar los planes de reconstrucción civil tras los eventos sismológicos de este año.