El potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia dejó pérdidas económicas preliminares de unos 9.570 millones de dólares, equivalentes a unos 30 billones de pesos colombianos. El balance oficial y los datos del estudio de impacto, presentados este martes por el recién asumido presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, detallan que el desastre destruyó miles de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura vial, principalmente en ciudades de la región del Pacífico y del Eje Cafetero. Las autoridades de socorro confirmaron de manera consolidada que la tragedia ha dejado hasta el momento 304 personas fallecidas, más de 4.100 heridos y al menos 143 desaparecidos.
De acuerdo con el desglose técnico basado en modelaciones de firmas privadas y un reporte de la entidad financiera BBVA Colombia, la mayor parte del impacto económico se concentra en los daños a edificaciones residenciales y comerciales con pérdidas por 7.800 millones de dólares, mientras que las afectaciones directas a la infraestructura pública demandarán unos 1.700 millones de dólares adicionales para su reparación. Ante la magnitud de la catástrofe en centros urbanos clave como Pereira y Cali —donde las tareas de remoción de escombros ya iniciaron— el mandatario nacional ordenó la ejecución del denominado «Plan Milagro de Reconstrucción» y decretó el estado de emergencia económica para agilizar la asignación de recursos presupuestarios.
En el ámbito macroeconómico, los analistas estiman que, si bien el golpe a la infraestructura y vivienda es severo, el impacto en la actividad productiva general será más moderado, previendo una ruta de recuperación comercial de seis a nueve meses. Como parte de las medidas de alivio financiero para afrontar la crisis, el Gobierno colombiano solicitó formalmente a los Estados Unidos la suspensión temporal de aranceles para los productos nacionales. El mandatario sostuvo conversaciones directas con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien manifestó la total disposición de la administración norteamericana para tramitar esta flexibilización comercial mientras el país suramericano supera la emergencia.