El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, negó que las seis personas condenadas a 16 años de prisión, el pasado 1 de agosto, sean sindicalistas.
“La verdad de los hechos es que el pasado día 1 de agosto: Alcides José Bracho (Alias Víctor); Emilio Antonio Negrin (Alias Pírela); Gabriel José Blanco (Alias Ricardo), Reinaldo Cortez (Alias Cortez); Alonzo Valentín Meléndez (Alias Valentín); y Néstor Astudillo (Alias Orlando), fueron condenados por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Juicio con Competencia en Casos de Terrorismo, Corrupción y Delincuencia Organizada, por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión”.
Señaló que en los últimos días se ha difundido información falsa haciendo pasar a un grupo de conspiradores como supuestos sindicalistas, que habrían sido procesados y condenados por defender los derechos de los trabajadores “no son líderes sindicales, ni están inscritos en el seguro social estos seis hombres… pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)”.
“Se obtuvo evidencia concluyente que este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno, entre ellas, asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto, que según sus informaciones, constaba de un total de 120 fusiles Modelo FAL… con estos planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de Julio del año 2022, donde se encontraba presente el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y el alto mando militar”.
Señaló que los condenados presuntamente actuaron como miembros de esa estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, La Guaira, Falcón y Distrito Capital, y siendo apoyados desde la República de Colombia.
“Debo informar que este caso se trató en una Reunión con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH, y la delegación de la ONU quedó satisfecha con la información que se les brindó, en la que verificaron que estos sujetos no fueron procesados por solicitar mejoras salariales, sino que estaban siendo juzgado por realizar actos conspirativos en contra del Estado”.